Símplemente voy a transcribir un comunicado del Colegio de Abogados de Córdoba, que hago también mío y lo suscribo al ciento por ciento, en relación a cierto proceso penal que es de actualidad nacional.

En relación con determinados asuntos de especial relevancia mediática que desgraciadamente están acaeciendo en nuestra ciudad, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba se ve en la necesidad de manifestar lo siguiente:

Todas las personas tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. Esta defensa, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica, debe tender a alcanzar la efectividad de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentran un proceso público y justo, con todas las garantías.

Es por tanto rechazable cualquier circunstancia o injerencia que incida negativamente en el derecho de las partes a un proceso justo. Determinados juicios paralelos a los que estamos asistiendo, valoraciones carentes de todo rigor jurídico e incluso comparecencias públicas de responsables de investigaciones declaradas judicialmente secretas, empecen la debida administración de Justicia y el desarrollo del proceso con las obligadas garantías constitucionales.

En este contexto, es inadmisible y lamentable que determinado profesional de la Abogacía, que defiende intereses ajenos para el cumplimiento de la legalidad y garantiza el cumplimiento de los derechos de su cliente, se vea perturbado en su libertad e independencia. Se han podido ver imágenes en las que el indicado letrado en cada ocasión que acude a dependencias judiciales para el cumplimiento de su trabajo ha sido increpado e insultado, necesitando, incluso, protección policial.

La Junta de Gobierno de este Colegio hace un llamamiento tanto a la opinión pública como a la sociedad en general para que se respete en todo momento la figura del Abogado, quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales garantiza el inalienable derecho fundamental de defensa. Por muy execrable que sea el delito objeto de investigación y, en su caso, acusación, cualquier ciudadano tiene derecho a ser defendido con todas las garantías constitucional y legalmente reconocidas.

Poco más se puede añadir.